|
Tras el firme respaldo político a la investigación
sobre la apropiación de Papel Prensa, el gobierno finalmente oficializó la creación de una Unidad Especial de Investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos con
motivación económica durante la última dictadura
militar. El nuevo organismo funcionará bajo la órbita de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, según se publicó ayer en el Boletín Oficial. La creación de la flamante dependencia
estaba en la agenda del gobierno desde marzo pasado, a partir de un trabajo de minuciosa recolección de casos y denuncias
de la secretaría que encabeza Eduardo Luis Duhalde. Las conclusiones de ese trabajo, publicadas en septiembre por Tiempo Argentino,
señalan que unas 600 empresas fueron víctimas del despojo y la apropiación ilegal en los años de plomo. ¨Se
trata de 604 casos de empresas de diferente tipo y rubro y afectadas por delitos de distinta magnitud como la liquidación,
la intervención o, directamente, la apropiación¨, explicó a este diario el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén.
El principal objetivo de la nueva Unidad Especial será recabar ¨de organismos oficiales y no oficiales nacionales e internacionales¨
toda la información para obtener pruebas de posibles víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica
y, de ese modo, crear un registro con sus datos. Además, el nuevo organismo deberá coordinar las posibles acciones legales
y asistir a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal en las causas o en
las investigaciones conexas. Con ese objetivo, podrá solicitar colaboración, documentación o informes a instituciones o reparticiones
provinciales, órganos de seguridad e inteligencia extranjeros.
Según la resolución 3216/2010, la Unidad
Especial también deberá organizar una base de datos con los antecedentes y evolución de cada caso y diseñar estrategias de
comunicación para que las víctimas conozcan al organismo y brinden información para identificar a los posibles autores, coautores,
cómplices y encubridores y partícipes de los delitos. En el gobierno descontaron que la primera acción del organismo será
lanzar una campaña de difusión.
Víctimas de despojos similares al que denunció Lidia Papaleo con Papel Prensa y
que involucra a los diarios Clarín y La Nación, los varios centenares de empresarios que relevó la Secretaría de Derechos
Humanos integran una extensa lista de afectados en numerosos rubros de la economía.
¨Papel Prensa es el hecho más
conocido y más notable, pero hay otros que fueron acallados, denuncias de personas que han sido desapegadas de sus bienes
de todo tipo en empresas como ingenios, financieras, bancos, importantes constructoras¨, subrayó el ministro de Justicia,
Julio Alak. La Secretaría de Derechos Humanos funciona en la órbita de la cartera a su cargo.
En los fundamentos de la
resolución publicada ayer, el Ejecutivo advirtió que ¨entre el universo de las graves violaciones a los Derechos Humanos causadas
por el terrorismo de Estado revisten especial importancia aquellas que tuvieron motivaciones económicas¨. Y reseñó que ¨la apropiación de bienes de personas detenidas, asesinadas y desaparecidas, la apropiación de empresas vía
el desapoderamiento de capital accionario de sus titulares a punta de pistola, las quiebras de entidades o la creación
de monopolios como el del papel de diarios a fin de favorecer a determinados grupos periodísticos a cambio de silencio, son
sólo algunas de las muestras de las aberraciones cometidas¨.
En ese sentido, Alén juzgó que los casos investigados ¨demuestran
un modus operandi de la dictadura, que era entregar las empresas a la Sociedad Rural y al capital financiero, responder a
las órdenes del jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz¨. ¨El objetivo era liquidar esas empresas o bien
ponerlas en manos de amigos de los militares¨, le dijo el funcionario a Tiempo.
Además del caso ¨emblemático¨, según la
definición oficial, de Papel Prensa, la lista de empresarios afectados incluye, entre otros, a Federico Gutheim y su hijo
Miguel, dueños de la algodonera Sadeco. Ambos fueron secuestrados para forzarlos a firmar acuerdos económicos con Hong Kong.
Por el secuestro extorsivo de los Gutheim están procesados con prisión preventiva el ex dictador Jorge Rafael Videla y sus
ex ministros Albano Harguindeguy y Alfredo Martínez de Hoz.
Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino fueron detenidos en noviembre de 1976. Tenían una empresa
que se dedicaba a la actividad ganadera y láctea. Denunciaron que tras más de un año de torturas sistemáticas el juez platense
Leopoldo Russo los obligó a vender un campo de 25 mil hectáreas y un avión de su propiedad.
Los ejecutivos y principales
accionistas de los bancos Latinoamericano, de Hurlinghan y Comercial de La Plata, y los directivos de la Siderúrgica Grassi
también forman parte del listado de víctimas.
|
|
|
|
LOS CASOS
El empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la algodonera Sadeco, fueron secuestrados en 1976 y forzados
a firmar acuerdos económicos con Hong Kong.
|
|
|
Los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino fueron detenidos en 1976. Denunciaron que el juez platense Leopoldo
Russo los obligó a vender un campo de 25 mil hectáreas y un avión.
|
|
|
Eduardo Saiegh, ex vicepresidente del Banco Latinoamericano, denunció que fué secuestrado y obligado a desprenderse de
sus acciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
